Santo Domingo, (EFE).- El presidente de la Fundación Prensa y Derecho, Namphi Rodríguez, abogó hoy por la aprobación de una ley que establezca sanciones de destitución y embargo de los bienes patrimoniales a los funcionarios públicos que desacaten las sentencias del Tribunal Constitucional (TC).
Para el jurista, en un Estado constitucional no se puede tolerar que haya una actitud de desobediencia de los poderes públicos a las decisiones del órgano intérprete de la Constitución.
Al dictar una conferencia sobre los desafíos de la reforma de la libertad de expresión en el país, Rodríguez advirtió al Congreso de que varios de los proyectos de ley que cursan en el Senado y la Cámara de Diputados podrían violar el precedente del TC sobre esa materia.
«El artículo 184 de la Constitución es bastante claro, aquí el precedente constitucional es obligatorio, no sólo para los jueces, sino para los legisladores y los funcionarios de la administración pública, quien ose violarlo o desacatarlo tiene que recibir consecuencias jurídicas graves», dijo Rodríguez.
Como ejemplo, señaló que en España se acaba de aprobar una ley que inhabilita para el ejercicio de función pública a los funcionarios que desoyen los mandatos del Tribunal Constitucional de ese país, a quienes, además, se les pueden embargar sus bienes personales para vencer la «tozudez» de esos servidores frente a los derechos constitucionales de terceros.
El precedente constitucional ata no sólo a los jueces, como pasaba con los fallos de la Suprema Corte de Justicia, sino que también esas sentencias se imponen al Presidente de la República con los funcionarios de la Administración y al Poder Legislativo.
«Es una verdadera revolución del sistema de fuentes del Derecho dominicano, una sentencia del Tribunal Constitucional tiene la fuerza y la categoría de ley y debe ser cumplida sin pretextos», subrayó.
Rodríguez sugirió que, mientras se aprueba la ley, se puede emitir un reglamento de procedimiento para las ejecuciones que incluya un seguimiento de audiencias de los afectos, colaboración de la fuerza pública y suspensión de sus cargos.
«Las sentencias del Tribunal Constitucional son decisiones jurisdiccionales, no hay razón para que sean desoídas por los Poderes Púbicos», concluyó. EFE
