Santo Domingo, (EFE).- El presidente de la Fundación Prensa y Derecho, Namphi Rodríguez, sostuvo que no es apegada a la realidad jurídica la “interpretación tendenciosa” que afirma que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la libertad de expresión desprotege a los reporteros al anular la responsabilidad penal de los directores de medios de comunicación.

En un panel encabezado por el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Olivo De León, Rodríguez, quien actuó como abogado ante el TC en el referido caso, dijo que es “errónea” la lectura de la sentencia que atribuye responsabilidad a los periodistas, en vez de a aquellas personas que hacen las afirmaciones difamatorias.

“El tribunal ha dicho que no es posible que quien suscribe o reproduce una noticia expresada por otro, con indicación de fuente y transcripción sustancial de lo que se afirmó, pueda ser responsable de la inexactitud o falsedad de lo publicado”, aclaró al participar en el panel con la directiva del CDP.

El especialista en Derecho Constitucional subrayó que en el caso en que se impute a un periodista por lo dicho por un político, bastaría acreditar la veracidad del hecho de las declaraciones para obtener una liberación de responsabilidad civil y penal.

“Cuando digo la veracidad del hecho de las declaraciones, no me refiero al contenido de lo declarado, sino a que ha existido la declaración del político”, indicó.

Rodríguez ponderó que aunque la sentencia TC 0075 no es todo lo esclarecedora que se hubiese deseado, la misma no hace un traslado de la responsabilidad del director de medios al periodista como se ha dicho.

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“En lo adelante, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución, los políticos tendrán que responder por sus hechos, sin poderse escudar detrás del director de medios o del periodista”, agregó.

Refirió que la única manera que un periodista puede resultar responsable de esos delitos es cuando se involucra en juicios de valor y prácticas poco éticas con el personaje que hace la declaración para dañar a otra persona.

A su vez, el jurista rechazó que la sentencia haya excluido totalmente la responsabilidad de los directores de medios de comunicación.

“En el sistema jurídico, nadie está al margen de la ley, siempre que se compruebe que el responsable editorial de una publicación ha actuado con conocimiento de causa de que una información es falsa y que la misma estaba dirigida a ofender el honor de una persona, éste tiene que responder jurídicamente”, concluyó. EFE

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