Pekín, (EFE).- Las autoridades de la región china de Mongolia Interior han sancionado a 27 funcionarios, entre ellos policías y fiscales, por la ejecución en 1996 de un joven al que acusaron erróneamente de haber violado y asesinado a una mujer y a quien se declaró inocente 18 años después.
Un total 26 funcionarios han recibido penas administrativas, entre las que se incluyen amonestaciones y menciones de demérito, informó el gobierno regional en un comunicado difundido por Xinhua la pasada madrugada.
El otro, Feng Zhiming, que era vicedirector de la oficina de seguridad pública del distrito de Hohhot, la capital de Mongolia Interior y donde se produjeron los hechos, es sospechoso de haber cometido varios delitos en el ejercicio de su cargo, por lo que podría enfrentarse a una condena mayor.
Las sanciones son el resultado de la investigación de la fiscalía de Mongolia Interior sobre el proceso que llevó a la equivocada inculpación de Huugjilt, el joven que fue ejecutado en 1996, y que halló responsables de este error en la policía y los tribunales que vieron el caso, además de en la propia fiscalía.
El fiscal general de Hohhot en el momento de los hechos, Wen Da, es uno de los sancionados.
Huugjilt, que en 1996 tenía 18 años, fue sentenciado a muerte acusado de la violación y el asesinato de una mujer en un baño público en Hohhot, el 9 de abril de ese año, por lo que fue ejecutado dos meses después.
En noviembre de 2014, un juez del Tribunal Popular Superior de Mongolia Interior reabrió el caso y un mes después dictaminó la inocencia de Huugjilt.
Otro hombre, Zhao Zhihong, confesó en 2005 ser el autor de los delitos por los que se juzgó y sentenció a Huugjilt, así como de los asesinatos y violaciones de otras diez mujeres y niñas, y en febrero del año pasado, tras la revisión judicial, fue condenado a la pena capital.
La agencia oficial Xinhua describió la errónea inculpación de Huugjilt como uno de los casos más notorios de «injusticia judicial» de China de la última década. Tras su exoneración, sus padres recibieron una compensación económica de las autoridades. EFE
