El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, dijo que la mayoría de los jueces no son corruptos y negó la existencia de una crisis en el Poder Judicial y afirmó que por la actuación de una “ínfima minoría” no se puede llegar a esa conclusión “porque la gran mayoría de los jueces son trabajadores y honestos”.
“Confío en los jueces, confío en la Justicia. Tenemos accidentales inconvenientes conductuales, pero esto no constituye el descalabro del Poder Judicial”, afirmó Germán Mejía durante su discurso de rendición de cuentas con motivo al Día del Poder Judicial a la que asistió el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Esa afirmación la hizo al hacer referencia al escándalo de corrupción y soborno en el que están involucrados la jueza Awilda Reyes Beltré y el exmiembro del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Francisco Arias Valera así como el juicio disciplinario al que fueron enviados otros tres jueces por alegadamente cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
“Esa última realidad es la explicación de los hechos dolorosos ocurridos en el último mes del año recién transcurrido que todos ustedes conocen, frente a los cuales hemos adoptado las medidas que institucionalmente se corresponden y nos ha ordenado nuestra conciencia institucional e individual”, refirió.
“Si los buenos brillaran, muchos pudiéramos decir que el Poder Judicial fuera todo luz. Pero, lamentablemente, un malo hace más ruido que cien buenos, y porque unos pocos se desvíen, el sistema de justicia no va a sucumbir”, expresó el también presidente del CPJ.
Señaló que a los jueces les corresponde actuar con responsabilidad y generar una justicia que sea justa, pero a la ciudadanía le corresponde creer en su trabajo. “El populismo y la denuncia vil nunca han sido un buen instrumento para fortalecer las instituciones”.
“A los pocos que fallaren apliquémosles las condignas sanciones. A los muchos que nos enaltecen con sus servicios, honrémoslos con el reconocimiento. Proveamos al Poder Judicial de mayores recursos y trabajemos con firmeza y con fe auténtica las modificaciones que se requieren en el sistema judicial y tendremos un futuro promisorio”, argumentó.
Enfatizó que en la designación de los jueces no hay injerencia de ningún sector político, ni interna de otros jueces de manera vertical y horizontal para ingresar a la carrera judicial y menos aún para la designación y promoción de magistrados.
“El Poder Judicial cuenta con 685 jueces de carrera, los cuales fueron evaluados y designados en conformidad con la Constitución y las leyes, proceso que se viene desarrollando desde el 1998, es decir, que todos y cada uno de los magistrados son egresados de la Escuela de la Judicatura, donde duran dos (2) años y otro en las prácticas en los Juzgados de Paz”, dijo Germán Mejía.
Explicó que la institución ha aceptado el inaplazable e inmediato desafío de implementar las siguientes medidas: eficientización de la labor de Inspectoría General en la prevención, investigación y sanción; creación de Comisiones Regionales de Seguimiento a la Administración de Justicia por Departamentos, integradas por órganos internos del Poder Judicial; eficientización de la aplicación del Código de Comportamiento Ético y del Sistema de Integridad Institucional; auditoría de las Declaraciones Juradas de los servidores judiciales, por medio de procesos confiables que garanticen la fiabilidad de la información suministrada; y premiación a los jueces y servidores administrativos que tengan comportamiento ejemplar y eficiente en el desempeño de sus funciones.
Fortalezas y debilidades
Durante su discurso destacó que la justicia penal vive en sobresaltos permanentes y la causa son las copias de legislaciones inadaptadas a nuestra historia penal y procesal penal, que traen como consecuencia que una legislación laxa y conducente a la libertad de los imputados por infracciones graves mantenga los armarios llenos de expedientes relativos a imputados en rebeldía.
Dijo que la nación es víctima de la improvisación porque “improvisamos una legislación procesal penal resultante de una mezcla de legislaciones de diferentes países”, la cual obliga a que un imputado en proceso de juicio por infracciones que pueden terminar con una pena de 30 años esté llamado a permanecer en libertad por tres años y sólo un año en prisión preventiva, cuando se trata de un proceso no complejo. Y por tres años y seis meses, cuando se trata de procesos declarados complejos.
“Improvisamos una legislación en la cual la medida de coerción impuesta es revisable cada tres meses, lo que facilita que cada revisión pueda caer en manos de un juez distinto, que amén del aumento de los costos de la Justicia, tiene consecuencias procesales imprevisibles.
De lo anterior deviene que muchos infractores no pueden ser sancionados, porque en el período de libertad se le escapan a la Justicia”, aseguró.
Propone una modificación del sistema procesal para que se establezcan disposiciones en las cuales se armonicen la duración del proceso y la duración de las medidas de coerción privativas de libertad, haya una mayor regulación sobre la libertad provisional y un régimen en el cual el Ministerio Público garantice la presencia de los “sub judice” liberados durante el proceso y la ejecución de la sentencia luego de pronunciada.
“No le echen toda la culpa a la Justicia. Proponemos formalmente que nos sentemos todos los actores responsables en una mesa al mismo nivel, para discutir institucionalmente propuestas hacia la solución de las falencias descritas, para que logremos una legislación más nivelada”, planteó Mariano Germán.
“En la lucha contra la criminalidad y en la búsqueda de lograr los objetivos de una justicia más cercana a la sociedad, a la cual ésta tiene derecho, las modificaciones que estamos proponiendo son necesarias. Por lo que, reiteramos nuestro llamado al Ministerio Público para que trabajemos conjuntamente un proyecto en este sentido”, enfatizó el presidente de la SCJ.
Resaltó que en el área civil y comercial, la justicia dominicana trabaja armoniosamente, da respuestas apropiadas y en tiempo oportuno. Producto de una legislación históricamente legitimada por la práctica social como es una estructura judicial estable y ajena a los sobresaltos legislativos. Una Justicia que da seguimiento a criterios jurisprudenciales armónicos y sostenidos.
“Cada día nuestras convicciones son más firmes, tanto por los resultados que les he dado a conocer, como por la situación que vive actualmente el Poder Judicial, a causa de los diferentes factores a los cuales me he referido”, concluyó.
Cadena humana en la Suprema Corte
El Colectivo Poder Ciudadano realizó ayer una cadena humana en la Suprema Corte de Justicia exigiendo que se hagan transformaciones profundas para garantizar la independencia de los poderes del Estado y evitar el continuismo de la corrupción.
Pidieron la destitución del presidente de la SCJ, el Procurador General de la República y todos los jueces con vínculos partidarios.
Exigieron a Germán Mejía informar todo lo sucedido alrededor de la supuesta red de jueces que trafican sentencias y que las sanciones se apliquen a todos los niveles. “Nosotros lo que vamos es a estar vigilantes y a exigir un proceso de reforma que cuente con la participación activa de la ciudadanía para la elección de nuevos jueces sobre la base de una correlación de fuerzas donde se permita la heterogeneidad de los jueces que se puedan elegir”, informó Bartolomé Pujols, vocero del movimiento.
Vuelve a exigir más recursos para la Suprema
Este año, como en ocasiones anteriores, el presidente de la SCJ abogó por mayor partida presupuestaria para ese poder del Estado, denunciando que son tratados como la “cenicienta de los demás poderes”. Explicó que para este año presentaron un presupuesto de RD$10,983.34 millones, equivalente al 2.66% del PIB que les corresponde por ley, sin embargo, solo les aprobaron RD$5,606.64 millones y esto causará serias limitaciones para avanzar con eficiencia y productividad en el cumplimiento de sus funciones y de los planes, programas y proyectos.
Hombre interrumpe misa
La misa de acción de gracias por el Día del Poder Judicial, que se celebraba en la Iglesia Nuestra Señora de la Paz, fue interrumpida por el dirigente comunitario del sector Los Tres Brazos, Félix Morillo, quien subió al púlpito a denunciar que el sistema de justicia es el culpable de la corrupción.
Dijo que no es cierto que en el país haya un crecimiento económico “porque en los barrios de la capital la gente se está muriendo de hambre”. Morillo burló la seguridad sorprendiendo a todos los presentes. Cuando los policías fueron hacia él, este voluntariamente bajó del púlpito y fue detenido.
Exhorto a los miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público a mantenerse unidos para que la sociedad no pierda la confianza en la Justicia”.
Hay que construir una sociedad que crea en sus jueces y desarrollar jueces que produzcan credibilidad con sus sentencias. La seguridad jurídica es vacuna contra la arbitrariedad”.
