Amarante dice no encubrirán posibles involucrados en irregularidades escuelas
Santo Domingo. (EFE).- El ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, aseguró hoy que el Gobierno no encubrirá a involucrados en alguna irregularidad en el Programa de Edificaciones Escolares, después de que un arquitecto presuntamente se suicidara agobiado por las deudas contraídas durante la construcción de una escuela.
Asimismo, garantizó que aquel que presente alguna denuncia será «debidamente» canalizada a la Procuraduría General de la República para que proceda a investigar.
El funcionario habló durante una rueda de prensa junto al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; y presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Francisco Mosquea, para tratar el tema.
Estas declaraciones se producen después de que el pasado viernes el arquitecto David Rodríguez supuestamente se quitara la vida en un un baño de la Oisoe por las deudas que contrajo durante la construcción de una escuela en Monte Plata.
En la rueda de prensa, Amarante Baret dijo que al Ministerio de Educación no había recibido ningún tipo de denuncia por corrupción con relación al proceso de construcción de escuelas en el país, «hasta la lamentable tragedia del ingeniero de la Oisoe».
A su vez, aseguró que el Gobierno hace todo lo necesario para cuidar el proceso de transparencia en la construcción de escuelas, si bien admitió que se pueden producir alguna deficiencia.
Pero, aseguró, «este Gobierno da la cara y aquel, sea quien sea, que haya querido aprovecharse de cualquier deficiencia que pueda haber en el sistema, denunciado y evidenciado, tendrá que responder por sus hechos».
«Nosotros no vamos a tapar a nadie en ningún tipo de reclamo justo que haga cualquier contratista, cualquier suplidor, cualquier persona que tenga una relación de trabajo con este Ministerio de Educación», subrayó el ministro en la rueda de prensa.
Por otro lado, admitió que hay atraso en pagos a ingenieros y arquitectos, pero se comprometió con el Codia a crear una mesa de trabajo para, entre otros asuntos, agilizar los pagos.
«Queremos asumir el compromiso con el Codia de hacer que este proceso de infraestructura escolar llegue a feliz término», dijo, y agregó, que se trata de «una obra hermosa la que estamos construyendo con todas estas aulas para la jornada escolar extendida, y sabemos que se producen inconvenientes en un proceso como este, pero este Gobierno da la cara».
A la vez, explicó que los cuatro sorteos de obras escolares que se han realizado ascienden a unos 82,000 millones de pesos contratados, pero que siempre se producen adicionales.
La cartera que dirige, dijo, ha pagado hasta la hecha, por cubicaciones, avances y anticipos, 66,000 millones de pesos.
Amarante Baret explicó, además, que en el primer año de ejecución de la línea de crédito del Banreservas, el Gobierno ofreció 4,198 millones de pesos, de los cuales se habían amortizado más de 3,800 millones de pesos.
«Cuando se habla de retrasos sentimos que es una queja razonable que está asociada al tema de escuelas que han sido inauguradas y que todavía no le producimos el pago final. Estamos en trabajando para agilizar ese proceso de pago», subrayó.
La Oisoe informó este fin de semana que el día en que David Rodríguez supuestamente se suicidó, le fueron transferidos a su cuenta en el Banco de Reservas, los fondos correspondientes a la última cubicación de esa obra, ascendentes a un valor neto de RD$6,652,768.38.
En una nota hallada junto al cuerpo sin vida de Rodríguez, el arquitecto menciona a dos personas relacionadas con la Oisoe quien están retenidos por la policía en relación a las investigaciones.
Joel Soriano De Los Santos y Alejandro De Los Santos Serrano, empleado y ex empleado respectivamente de la Oisoe, son las personas citadas.
La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Copymecon) denunció hoy la supuesta existencia de una mafia en dependencias estatales, entre ellas, la Oisoe, el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Agua Potable (Inapa), donde funcionarios estarían extorsionando a contratistas del Estado para gestionarles los pagos atrasados.
Esto, señaló, a cambió de hasta el 60 por ciento del valor de las cubicaciones. EFE
