Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) asumirá la defensa en los tribunales de tres de sus miembros titulares, acusados por una organización no gubernamental de vulnerar sus derechos al negarles el organismo documentos de identidad.

Roberto Rosario, dijo que las acusaciones de 23 personas amparadas por la organización “Red Jacques Viau”, fueron formuladas contra él, y los magistrados Rosario Altagracia Graciano de los Santos y César Francisco Feliz Feliz.

Explicó que las acusaciones, de acción penal y civil, se cobijan bajo el supuesto de que esos jueces vulneraron los derechos de esas 23 personas a través de las resolución 12-07 y la circular 017-2007 emitidas por la JCE, que los querellantes afirman han resultado perjudiciales para ellos.

Sin embargo, Rosario Márquez dijo que el pleno de la JCE consideró que no existen razones que den lugar a querella y deploró que esta acción fundamentada en pretensiones jurídicamente improcedentes y en hechos inexistentes, coincida con una campaña internacional que pretende atribuir a la República Dominicana la imputación de racismo, xenofobia y generador de apatridia.

El funcionario dijo que estas situaciones no existen en la nación dominicana y que por demás las mismas “de seguro serán utilizadas por los enemigos de la República para querer dañar la imagen y la estructura económica de nuestro país”.

Dio a conocer, asimismo, que los tres magistrados acusados asistirán a todas las instancias y escenarios en que sean colocados y perseguidos por estas u otras personas e instituciones, “con la frente en alto ante la satisfacción del cumplimiento del deber y la conciencia tranquila, a sabiendas de que estos son sacrificios que estamos obligados a asumir en defensa del interés del país y la preservación de la identidad nacional.

En torno al caso, el presidente de la JCE presentó la documentación de unas 12 personas, de las 23 que aparecen en la demanda, que ya obtuvieron sus respectivas actas de nacimiento y su cédula de identidad y electoral, por lo que considera que no tienen razones para estar demandando a la institución por supuesta falta de documentos.

 

 

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