Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República, a través del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), logró que fueran impuestas condenas de 30 y 20 años de prisión en contra de tres hombres acusados de los delitos de homicidio, robo y abuso sexual.
El Relevic informó que las condenas fueron impuestas por tribunales de la provincia Santo Domingo, los cuales además ordenaron el pago de indemnizaciones por más de 3 millones de pesos.
Según expresa el organismo de la Procuraduría General, los imputados Martín de Jesús Herrera y Martín Díaz fueron sentenciados a 30 años de prisión y al pago de una indemnización de 2 millones de pesos tras ser hallados culpables de haber incurrido en el delito de asesinato en contra de un guardia de seguridad en momentos en que trataban de despojarlo de una escopeta.
Indica que otra condena de 20 años de prisión y el pago de un millón de pesos de indemnización también fueron impuestos al nombrado Samuel Berigüete, alias Sami, quien fue acusado de abusar sexualmente y robar sus pertenencias a cuatro mujeres y a una menor de edad que abordaron un carro público pirata que conducía el imputado.
Además, estableció que un cuarto hombre, identificado como Freddy Montero Montero, quien fue acusado de incurrir en el delito de agresión física, fue sentenciado a cinco años de prisión y al pago de una indemnización de tres mil pesos.
El Servicio de Representación Legal de la Procuraduría es dirigido por el procurador general adjunto Moisés Ferrer, teniendo como misión ofrecer servicios de asistencia gratuita a víctimas de bajos ingresos económicos, las cuales en los citados casos estuvieron representadas por los abogados Marion Morillo y Domingo Antonio Pacheco.
Las condenas fueron impuestas por el Primer y Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo y estuvieron basadas en la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 309, 330 331, 374, 382 y 384 del Código Penal Dominicano.
Dichos tribunales dispusieron que los condenados cumplan sus respectivas sentencias en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
