Santo Domingo, (EFE).- Unas 254.000 personas que viven en la pobreza fueron documentadas por el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y la Junta Central Electoral, lo que ha permitido mayor ingreso de estos grupos vulnerables a los programas sociales del Gobierno, según un estudio realizado en el país por académicos de la Universidad Nacional de Costa Rica.
El proyecto contó con el apoyo del Banco Mundial, y los datos están contenidos en el estudio Línea Base y Evaluación del Impacto del Proyecto de Inversión en Protección Social (PIPS), realizado por el Centro Internacional de Política Económica de esa universidad, el cual es una iniciativa de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, cuyo despacho dio a conocer la información.
Los resultados de la investigación revelan que la adquisición de acta de nacimiento y cédula de identidad y electoral han permitido que más familias que viven en vulnerabilidad se beneficien de los programas de transferencias monetarias condicionadas y de los subsidios gubernamentales.
Además, se determinó que los programas de protección social, como Progresando con Solidaridad, han experimentado una expansión sostenida de cobertura, alcanzando a sobrepasar la meta programada entre 2011 y 2014, con una distribución equitativa a lo largo del país y una tendencia de crecimiento sostenido en los montos asignados a las familias.
En el caso de los subsidios Bonoluz y Bonogás Hogares sus beneficiarios han incremento en un 27 % y un 7 %, respectivamente; mientras que las transferencias monetarias condicionadas Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) aumentó en 22%; y Comer es Primero en 9 %, según revela el estudio.
Uno de los aspectos más notables del estudio, es que a 2011 un 92 % de los hogares cuyos cabezas de familias no tenían documentos, carecían de un seguro de salud, mientras que, entre los hogares que fueron documentados desde esa fecha, un 67 % ya tiene seguro médico.
El estudio muestra una caracterización o prototipo de los hogares documentados en contraposición a los hogares indocumentados, fundamentada en información inédita y de primera mano generada con rigurosidad metodológica, estadística y analítica, que da cuenta de la condición socioeconómica de los hogares y una descripción de cómo viven y qué hacen las personas con carencias de documentación legal de identidad.
La investigación, dice la nota, determinó que la documentación permite la inserción en la Seguridad Social, conseguir empleo y captar mayores ingresos, un mejor número de integrantes en la familia y un menor número de hijos y dependientes, con lo que se reduce el hacinamiento en la población pobre del país.EFE
