Santo Domingo,  (EFE).- El exdirector de Migración José Ricardo Taveras consideró que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que ven ce en 10 días, no resolverá la presencia masiva de obreros haitianos en el país, debido a la resistencia de los sectores empleadores a cooperar con la regularización de sus trabajadores en el tema de la formalización por temor a demandas legales.
Taveras se preguntó: ¿Qué sentido tiene que se inicien deportaciones de extranjeros si el Gobierno no organiza el mercado laboral?.

El abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), dijo que tampoco se puede pensar que el mercado laboral de nuestro país, que está discriminando al trabajador dominicano en su propio territorio, puede ser un mercado sano, pues no estimula la competencia de la mano de obra, e indicó que hay una competencia desleal.

“Tenemos una presencia masiva de mano de obra extranjera, de poca calificación, barata, que no es legal, que no está pagando los costos de la formalización del trabajo, es definitivamente un mecanismo de ‘dumping’ al mercado laboral”, dijo Taveras, según una nota enviada por el periodista Julio Martínez Pozo.

Argumentó que si un trabajador dominicano, que es una persona con identidad, con documentos, que está obligado el empleador a involucrarlo en los gastos de formalización del trabajo, como por ejemplo, los costos de seguridad social, ese trabajador vale más, sin embargo, aseguró en el mercado dominicano lo que acontece es que el trabajador local paga y el extranjero no paga.

Precisó que ciertamente los empresarios dicen, con mucha razón, que los salarios nominales se corresponden a números iguales, sean dominicanos o extranjeros, y en la generalidad de los casos es así, pero, se preguntó ¿y el costo que implica la formalización de un trabajador, quién lo paga?.

El secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) explicó que a esa situación se añade que el Estado desde el año 2007, por lo menos en el ámbito de la construcción, está estimulando a través de la norma 7-2007, el hecho de que le reconoce como gasto en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a los constructores la contratación de mano de obra extranjera ilegal totalmente irregular e indocumentada.EFE

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