Santo Domingo. Los ajustes a los precios de las viviendas de bajo costo publicados por la DGII, el pasado jueves 28 de mayo, se realizan en contravención a las leyes y decretos que rigen y norman la valoración de la vivienda de bajo costo, al tiempo que alejan a miles de familias dominicanas de las posibilidades de acceder a viviendas propias.
Este ha sido el entender de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON), la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI), la Asociación de Empresas Inmobiliarias (AEI), la Asociación de Ferreteros (ASODEFE), la Asociación de Sociedades Fiduciarias Dominicanas (ASOFIDOM), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (ADOCEM), y la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD), quienes en rueda de prensa se expresaron al respecto.
Según las mencionadas organizaciones, las cuales representan los sectores fundamentales en la vida económica nacional, la DGII viola las disposiciones del Código Tributario, de la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, el Decreto 359-12 sobre acreditación de proyectos de viviendas de bajo costo. “El Decreto 359-12 sobre acreditación señala claramente que el cálculo a realizarse para determinar el valor máximo de las viviendas de bajo costo debe tomar el año 2009 como punto de partida, sin embargo la DGII realiza su cálculo a partir del año 2011” declaró el Ing. Héctor Breton, Presidente de ACOPROVI, al señalar que de cumplirse lo ordenado por la ley una mayor cantidad de familias obtendrían bonos para las viviendas.
De conformidad con el párrafo 26 del Decreto 359-12, el precio tope de las viviendas de bajos costos que pueden beneficiares de los incentivos de la Ley 189-11 es de RD$ 2,829,572.35, en cambio la DGII considera que el tope es de RD$ 2,307,060.92.
