Santo Domingo, (EFE).- La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) denunció hoy, miércoles, la corrupción, la violencia y el narcotráfico en el país, así como las «terribles» desigualdades sociales.
En un mensaje con motivo de la celebración el 27 de febrero del Día de la Independencia Nacional y titulado ‘Que la justicia y la paz se encuentren’, los obispos valoraron los esfuerzos del Gobierno por mejorar la educación, así como la puesta en marcha del sistema nacional de atención a emergencia y seguridad (911) y las medidas adoptadas para mejorar la economía agrícola y la microempresa.
No obstante, expresaron su preocupación por la desigualdad social a pesar del crecimiento económico.
Señalaron que el crecimiento económico que ha experimentado la sociedad dominicana en los últimos años no se ha traducido en una reducción significativa de la pobreza, ya que, explicaron, esta se mantiene en torno al 40% de la población, muy por encima de la media latinoamericana, que es de 28 %.
En su mensaje, los obispos se hicieron eco de datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que señalan que si bien en la República Dominicana el porcentaje de pobres se ha reducido levemente, la indigencia ha aumentado en términos absolutos, al mantenerse en torno al 20 % de la población frente a un 12 % de promedio en la región.
También manifestaron su inquietud por la carencia de institucionalidad y de transparencia, y apuntaron que «lo primero que desasosiega en República Dominicana es no saber a quién acudir ni a qué atenerse».
Esta debilidad institucional, indicaron, «se refleja especialmente en los aspectos fiscales, es decir, en la manera en que el gobierno recauda y gasta los recursos que son de todos los dominicanos. Al gasto público todavía le falta mucha calidad, lo que a su vez es indicio de políticas públicas poco articuladas».
Al mismo tiempo, se refirieron a la deficiencia del sistema eléctrico.
Sobre este aspecto, dijeron que si bien el pacto eléctrico constituye un intento para mejorar la eficiencia de este servicio «es cuestionable que el Estado en su visión política tenga que recurrir a pactos entre los actores cuyos intereses son meramente lucrativos para poder definir servicios que son esenciales en el desenvolvimiento social de toda la población».
Los obispos consideraron que el pacto eléctrico «es también una clara manifestación del vacío de institucionalidad del país que aumenta la sensación de que los derechos de todos los ciudadanos dependen de grupos «de expertos», de empresarios y de políticos que se ponen de acuerdo en sesiones cerradas al público».
Asimismo, denunciaron la corrupción pública y privada, que «permite que el dinero de todos termine en unos pocos bolsillos y se preste nuevamente para favores clientelares».
«La mayoría de nuestros políticos invierten sumas millonarias en las campañas electorales con el fin de alcanzar puestos públicos donde se manejen fondos del Estado para luego multiplicar su inversión económica», subrayaron los obispos, quienes insistieron en la necesidad de que se aprueba la ley de partidos políticos.
Por su parte, «las grandes empresas y negocios apoyan las campañas de los partidos y candidatos que tienen posibilidades de subir a los puestos públicos», añadieron.
«Lo hacen con el propósito de que estos a su vez les concedan privilegios tributarios y les favorezcan con la elaboración de leyes que resulten ventajosas para sus empresas y negocios. Así la política es vista más como un negocio que como un servicio al bien común», manifestaron los religiosos.
Los obispos denunciaron, además, la deficiencia del seguro familiar de salud y del sistema dominicano de pensiones.
«En estos años hemos asistido a una acumulación injusta de los rendimientos financieros que sólo benefician a las AFP, en detrimento de las pensiones futuras de los trabajadores», indicaron.
En su mensaje, los obispos también se refirieron al polémico tema migratorio, que, a su juicio, «requiere una posición racional y justa para su solución».
Al mismo tiempo, hicieron alusión al auge del narcotráfico y el consumo de las drogas y criticaron el hecho de que miembros del aparato del orden público llamados a combatir el delito «participan activamente de dicho tráfico».
Por otro lado, la Conferencia del Episcopado Dominicano insistió hoy, miércoles, en rechazar la despenalización de la interrupción del embarazo en algunos casos, y advirtió de que una futura ley sobre la aprobación «generalizada» del aborto en el país «será inconstitucional».
En cuanto a la problemática dominico-haitiana, consideró hoy necesario reencauzar institucionalmente las relaciones entre ambos países.EFE
