Santo Domingo.- El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, aplazó para hoy la audiencia preliminar contra el senador Félix Bautista y otros 6 implicados por corrupción, lavado de activos y abuso de poder, entre otros delitos.
El Ministerio Público, que concluyó ayer sus acusaciones contra el legislador, solicitó dictar juicio de fondo contra este y los demás acusados, Soraida Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura, Carlos Manuel Ozorio, Bienvenido Apolinar Bretón y Gricel Aracelis Soler para que allí respondan por los hechos que se les imputan.
La Procuraduría pidió a Moscoso Segarra, dictar prisión preventiva contra Bautista y compartes.
El procurador general adjunto, Carlos Castillo pidió al juez Alejandro Moscoso Segarra, dictar prisión en contra del grupo por entender que los mismos representan peligro de fuga y que esa la única medida que garantiza que los mismos no se sustraigan al proceso que le se sigue por hechos graves.
Castillo dijo que el grupo de imputado obtuvo 75 inmuebles en torres de lujos, apartamentos y solares en el Metro Contry Club, aviones, cuatro plantas de asfaltado, costando cada una de ella 33 millones de dólares.
«Magistrado, existe peligro de fuga basado en una apreciación de los hechos, de la importancia del daño que debe ser resarcido», solicitó el procurador adjunto.
Igualmente durante las conclusiones, el Ministerio Público solicitó apertura a juicio, tras asegurar que han demostrado tener las pruebas fehacientes suficientes de las imputaciones que realizan, con las cuales podrán demostrar la culpabilidad de cada uno de los procesados, durante el desarrollo de un juicio de fondo.
Los abogados de Bautista, en cambio, iniciaron su defensa solicitaron la desestimación de los cargos, al argumentar que todos fueron conocidos anteriormente por la Procuraduría Anticorrupción, que decidió su archivo.
El abogado Marino Feliz Rodríguez dijo que una auditoría de la Cámara de Cuentas concluida en 2013, y enviada a la Procuraduría General de la República, establece en su informe que no hay indicios de responsabilidad penal atribuible al senador y como consecuencia no hay desfalco.
El jurista alegó que el informe de la Cámara de Cuentas se encuentra en propiedad del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito desde el 7 de febrero de 2013.
Agregó que la ley 10-04, de la Cámara de Cuentas del país, en su artículo 45 prescribe sobre el principio de legalidad, que «se presume la legalidad de las operaciones y actividades de los servidores públicos de las entidades y organismos sujetas a esta ley, a menos que del contenido de las auditorías, estudios e investigaciones especiales practicados por la Cámara de Cuentas resulte lo contrario».
