Santo Domingo.- Representantes de 100 organizaciones agrupadas en el Bloque de la Unidad y el Desarrollo Cotuisano y de Sánchez Ramírez, se oponen a la instalación de una planta de explosivos en la empresa minera Barrick Gold por considerarla un riesgo adicional a la crisis medio ambiental existente con la explotación cielo abierto y el uso de cianuro.
Las organizaciones campesinas, profesionales, comerciales, culturales, deportivas, sindicales, gremiales, religiosas, entienden que dicha planta sería «un nuevo elemento de contaminación».
En un documento entregado en el Palacio Nacional, piden al presidente, Danilo Medina, que intervenga a favor de los municipios de la provincia Sánchez Ramírez y piden a la compañía que entregue el 5% de los beneficios netos de la explotación del oro y la plata de Pueblo Viejo y la construcción de obras prioritarias en los diferentes municipios.
A su vez, aprovechan para subrayar lo que consideran el «impacto negativo de la contaminación» y el descuido en las comunidades que ocasionan la Barrick Gold y otras tres empresas dedicadas en la zona a la explotación de los yacimientos mineros.
Un portavoz de la compañía explicó, en declaraciones que desde hace unos cuatro años la empresa utiliza explosivos adquiridos a un productor local para la voladura de la piedra que les permite seguir con sus operaciones mineras.
Las mismas, explicó, se realizan bajo la supervisión del ministerio de Defensa, al que, junto al de Energía se le suministran comienzos de mes todas las voladuras previstas.
Tras años de llevar a cabo las voladuras con la compra del producto necesario a un productor local, la empresa ha decidido ahora que la fabricación del material, una emulsión a base de amonio y diesel, sea llevada a cabo por la propia Barrick, con la consiguiente reducción de costes para la compañía, agregó.
«Barrick Pueblo Viejo ha demostrado ser una operación segura, con un personal capaz de llevar procesos tan complejos apegados a los altos estándares por los cuales se rige la corporación», detalló.
El cumplimiento de las leyes es prioridad «en nuestra gestión, lo ha sido desde sus inicios, así como el compromiso con las comunidades, su seguridad y la de todos los colaboradores de la empresa, una responsabilidad que reafirma y mantendrá hasta el cierre de sus operaciones», subrayó la compañía.
A su vez, recordó las ventajas de que la fabricación sea propia pasan por la reducción de peligro a la hora de transportar el material suelto por las comunidades, que antes se hacía por caminos locales en la zona, ahora se haría dentro de las instalaciones de la minera y ya mezclado.
Por último, cualquier riesgo de fuga se reduciría y que no habría necesidad de acumular existencias del material suelto en almacenes.
La empresa estima que la reducción de costos se situaría en los cuatro millones de dólares anuales.
