Santo Domingo.- La Cancilleria y Estados Unidos firmaron hoy un nuevo tratado de extradición que sustituye al actual, en vigor desde 1909, y que garantizará el debido respeto a los Derechos Humanos de cualquiera que sea el imputado solicitado por la justicia de ambos países.

Así lo aseguró el ministro de Exteriores, Andrés Navarro, durante el acto de firma del documento entre ambos países, en el que estuvo presente, entre otros, el embajador estadounidense en el país, James W. Brewster, y el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.

“Para el país señaló Navarro este tratado reviste un carácter espacial, porque va a constituir un referente con respecto a otros pueblos hermanos; tanto con aquellos con los que ya existe un tratado como para con los que se va a firmar” próximamente un tratado de estas características.

Por su parte, el embajador destacó que se trata de una firma “histórica” puesto que el tratado vigente hasta ahora ha sido “exitoso”, pero “los tiempos han cambiado, igual que los delitos, y con el nuevo documento, se establecen nuevas bases y se contemplan nuevos supuestos de extradición”.

Brewster también extendió su felicitación a los técnicos de ambos países por el desarrollo de este acuerdo y valoró que “contribuirá al fortalecimiento del estado de derecho”.

“Su actualización (del tratado) contribuye al creciente legado de colaboración en la historia de nuestros dos Gobiernos”, agregó.

Mediante el acuerdo, explicó el embajador, Estados Unidos renueva su compromiso de trabajar con sus homólogos dominicanos para perseguir a los criminales “utilizando la extradición como herramienta clave para reducir el crimen y garantizar la seguridad ciudadana”.

Además, el ministro dominicano agradeció a EE.UU. su “compañía y solidaridad” durante los últimos años para “fortalecer los mecanismos de defensa de los Derechos Humanos y el estado de derecho”.

El tratado, dijo Navarro, permitirá aplicar la ley de “forma eficiente” frente a los distintos delitos en ambos países, además de ampliar las nuevas modalidades delictivas en su aplicación, como los de alta tecnología o terrorismo.

El acuerdo detallará los requisitos, procedimientos y solicitudes de detención provisional de los imputados, entre otros detalles.

“La sociedad puede seguir contando con el Ministerio de Exteriores para el fortalecimiento del Estado de derecho, el refuerzo de su defensa y el establecimiento de garantías ciudadanas”, opinó Navarro.

El convenio establece en uno de sus articulados que los dos países se comprometen a entregarse a los imputados requeridos para enjuiciamiento o para el cumplimiento de alguna sentencia condenatoria, por “intento, conspiración o participación en la comisión de un delito en cualquiera que sea el grado”.

El convenio establece en uno de sus articulados que los dos países se comprometen a entregarse a los imputados requeridos para enjuiciamiento o para el cumplimiento de alguna sentencia condenatoria, por “intento, conspiración o participación en la comisión de un delito en cualquiera que sea el grado”.

Asimismo, son extraditables los imputados del delito de fraude o evasión fiscal, violación a los controles de importación o exportación de productos o dinero en efectivo, entre otros.

En tanto que no se concederá la extradición por delitos políticos o militares por asesinato, homicidio, lesiones corporales, dolo, violaciones sexuales con danos y el intento de conspiración.

El 7 de octubre de 2014, la República Dominicana y Estados Unidos iniciaron el proceso de negociación para alcanzar un nuevo tratado de extradición que buscaba incluir la persecución del terrorismo, delitos de alta tecnología y a los sicarios.

El proceso de acuerdo ha durado unos tres meses y ha estado marcado por la buena colaboración dominicana en las solicitudes de extradición y entrega de fugitivos, siendo el cuarto país más activo en esos procesos, solo por detrás de México, Canadá y Colombia.

La comisión negociadora estadounidense estuvo conformada por asesores legales del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia, mientras que la delegación dominicana estuvo representada por representantes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y de la Procuraduría General de la República.

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