Santo Domingo. La Cámara de Diputados acaba de convertir en ley la reforma del Código Penal de cuyo artículo 90 el Senado recientemente eliminó la cláusula sobre “Estado de Necesidad”, que hubiera permitido la interrupción del embarazo únicamente en aquellos casos en que la continuación del mismo amenace de forma inminente la vida de la mujer.
Esto significa que el Congreso dominicano acaba de condenar a muerte a miles de “Esperancitas” presentes y futuras a las que médicos, clínicas y hospitales estarán legalmente conminados a dejar morir, antes que exponerse ellos a sufrir persecución judicial por intentar salvar sus vidas.
De ser promulgado por el Poder Ejecutivo en su formulación actual, este Código reafirmaría la condición de Estado violador de los derechos humanos que en los últimos tiempos caracteriza a nuestro país ante los ojos del mundo. Pero además de atropellar normativas internacionales, garantías constitucionales y el más elemental sentido de justicia, este Art. 90 retrata de cuerpo entero al Congreso Nacional en toda su degradación y vileza.
A nuestros congresistas (con escasas y distinguidas excepciones) qué les importan los resultados de esta acción –total, las que van a sufrir las peores consecuencias son las mujeres pobres, que aquí como en todas partes son el sector social con menos poder político-. Por ahí no hay problema. Las ricas siempre podrán pagar los altísimos costos de la ilegalidad, ya sea aquí o en Miami, por lo que las esposas, hermanas e hijas de los congresistas –casi todos multimillonarios a costa de nuestros bolsillos- no tienen nada que temer. Las pobres siempre podrán seguir los doctos consejos del diputado Radhamés “El Chino” Ramos, para quien la solución del problema es muy simple: “Sólo pare si quiere parir porque, in so facto (sic) se descubre que está embarazada, se le hace la prueba, sólo tiene que colocarse en una escalera a 6 peldaños y bajar de glúteos, bajar de nalgas, esto va provocar un sangrado y cuando usted lleva a su niña a una clínica, el médico in so facto (sic) le hace una limpieza simple y llanamente”.[1]
A nuestros congresistas tampoco les importa un comino la opinión de la ciudadanía, cuya posición a favor de la despenalización terapéutica ha quedado evidenciada una y otra vez en estudios y encuestas. Aquí la única opinión que importa es la del Cardenal, que para eso tiene al cura Manuel Ruiz (Enlace del Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica, con despacho en el Palacio Nacional) escribiéndole cartas secretas a los congresistas con las instrucciones de su jefe.[2]
¿Para qué hacerle caso a la opinión de los electores? Total, que no fue en función de su compromiso con la democracia o sus atributos morales que los partidos políticos los nominaron a sus puestos. Por el contrario, como requetebién sabemos, en nuestro sistema político la decencia estorba mientras la falta de principios y de escrúpulos son requisitos indispensables.
La reforma del Código será recordada como una infamia histórica de un Congreso y una Iglesia que dicen defender la vida pero que no les tiembla el pulso para negarle a una mujer el aborto terapéutico que puede salvar su vida. La inmoralidad y la hipocresía de esta posición no admiten discusión. ¿Hasta cuándo tendrá el país que soportar a esta calaña de congresistas y sus capos políticos?
