Santo Domingo.- El director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), Víctor Terrero, dijo hoy que pese a los esfuerzos para prevenir el sida, en Santiago se registran altos niveles de discriminación contra los Gays, las trabajadoras sexuales.
Terreno, quien pidió a la población de Santiago y a las instituciones de esta ciudad apoyar la lucha contra la discriminación a estas persona, ofreció sus declaraciones en la presentación en esta provincia de los resultados del Diálogo Nacional sobre VIH y Derecho, un documento con denuncias de discriminación a personas con VIH en salud, laboral y educativo.
De acuerdo con el funcionario, el 56.3 % de los gays y transexuales entrevistas en Santiago afirmó haber sido rechazado en el ámbito laboral y el 48.5 % en los servicios de salud».
Dijo que, según el estudio, el 27.4 % de las trabajadoras sexuales de la provincia manifestaron haber recibido maltrato en los servicios de salud, mientras el 51.4 % tuvo que ocultar su condición al buscar trabajo.
De acuerdo con los datos suministrados por Terrero, el 5 % de las trabajadoras sexuales de Santiago están afectadas con VIH, mientras la prevalencia del virus es de 4 % entre los hombres que tienen sexo con hombres.
Terrero deploró la persistencia del estigma y la discriminación en perjuicio de las personas con VIH y de los integrantes de los grupos vulnerables.
Puntualizó que esas tienen como común denominador los altos niveles de rechazo de que son objeto en los diferentes escenarios donde desarrollan sus actividades cotidianas.
Este panorama, afirmó, explica la importancia de que se adopten las recomendaciones surgidas del Diálogo Nacional, un evento realizado durante 2013, en el que se analizaron e identificaron medidas para enfrentar el desconocimiento de los derechos humanos de estas y otras poblaciones, «que como la de las personas que viven con VIH, tienen derecho a tener derechos».
En ese diálogo, auspiciado por Conavihsida y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), participaron 53 representantes de la sociedad civil, 48 funcionarios del gobierno, seis de agencias de cooperación y más de 60 personas, entre líderes de la comunidad seropositiva, grupos de apoyo y usuarios del Programa Nacional de Atención Integral.
