Santo Domingo, (EFE).- La Procuraduría General de la República informó hoy de que solicitó orden de arresto contra el fiscal de Ocoa, José Miguel Cuevas, después de que se divulgara un vídeo en el que se observa colocando una pistola debajo de un colchón de la cama del supuesto narcotraficante Erín Manuel Andújar (alias Peña).
El titular de dicha dependencia, Francisco Domínguez Brito, dijo que en contra de Cuevas será solicitada medida de coerción y un sometimiento disciplinario, por lo que solicitó su suspensión.
«Hemos procedido a solicitar la orden de arresto contra el titular de San José de Ocoa, así como la suspensión inmediata en sus funciones, para de igual forma someterlo a la acción de la justicia, a través de la Procuraduría General de la Corte de Apelación de San Cristóbal», expresó el jefe del ministerio público.
De acuerdo con el funcionario, un equipo de técnicos forenses de la Procuraduría, comprobó fidelidad y veracidad del vídeo divulgado en las redes, en el que se observa a Cuevas colocando una pistola debajo de un colchón de la cama de Andújar para incriminarlo.
Domínguez Brito subrayó que el ministerio público «promoverá y categóricamente defenderá el estado de derecho y el debido proceso en la República Dominicana».
«Este tipo de acciones son inadmisibles por más hechos criminales que presumiblemente haya cometido un imputado. Este accionar erosiona seria y dolorosamente todo el sistema del debido proceso del cual los fiscales son los garantes», indicó.
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El fiscal será imputado por violación a garantía del debido proceso y violación a tutela judicial efectiva y por violación de derechos fundamentales a imputado en ejercicio de sus funciones.
El procurador dijo que «es inaceptable que los llamados a velar por el cumplimiento de las leyes y garantizar derechos fundamentales, actúen violentando los mismos».
Asimismo, señaló, que las investigaciones en torno al caso se profundizarán para determinar si existen posibles complicidades en torno al caso.
También informó de que se investigará a los procuradores fiscales y auxiliares del ministerio público en Ocoa.
«Permitir este tipo de acciones, erosiona seriamente todo lo referente al debido proceso del cual estamos llamados a ser garantes», subrayó.
El expediente será llevado por la Corte de Apelación de San Cristóbal, por tener el fiscal jurisdicción especial. EFE
