México DF.- Un documental sobre las agrupaciones armadas denominadas «policías comunitarias» en el estado de Guerrero expone el histórico abandono de la región de La Montaña, donde violaciones, asesinatos, secuestros y narcotráfico pasan por alto a las autoridades.
Más allá de que estos grupos, surgidos en la década de 1990, están fuera de la ley, «se originaron para defender a la población de los abusos de los policías del estado y la corrupción de las autoridades oficiales», afirmó el cineasta austríaco Michael Vetter.
«Lo que veo es una justicia de sentido común al ver que la justicia no se aplica», consideró Vetter luego de ser presentado su documental «¿Justicia injusta o injusticia justa?» en el séptimo Ciclo de Cine Debate que realiza la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ante estudiantes, oficiales de la Armada y académicos, el director hizo un llamamiento a que se atienda el problema de los grupos armados irregulares aplicando «la ética y el sentido común» y respetando «las leyes y costumbres de aquella región».
El documental de 42 minutos, que se desarrolló como proyecto periodístico y fue transmitido en 2013 por la televisión austríaca, aborda desde los orígenes hasta la forma de trabajar de estas agrupaciones, integradas por mujeres y hombres elegidos por sus comunidades por su grado de honestidad para defenderse del crimen organizado, pero también de las autoridades.
Además, cuenta con testimonios de clérigos y pobladores e incluye un análisis de académicos y autoridades locales.
«El Estado debe dar seguridad a la población. Veo muy peligroso que se haga justicia de propia mano, pero hay una impunidad del 98 % de los delitos que se cometen en México», aseveró el reconocido jurista mexicano Juan Velázquez.
Durante su participación en el acto, el abogado penalista sostuvo que «en México es inexistente la Policía y el problema es la delincuencia organizada», al considerar que al haberse permitido que crecieran la corrupción y la impunidad, «el problema trascendió a la seguridad pública».
En coincidencia, el experto en seguridad nacional Javier Oliva dijo que la proliferación de los grupos armados irregulares obedece «a la desconfianza a la autoridad judicial, así como a la Policía estatal y municipal».
«Es un problema de fondo», dijo al expresar su desacuerdo en que las Fuerzas Armadas asuman funciones de seguridad pública, aunque también reconoció que «ante la falta de fuerzas de seguridad civiles eficientes», difícilmente los militares podrán ser retirados de esas tareas.
En noviembre de 2013, el Congreso local de Guerrero aprobó una reforma a la Ley de Seguridad para crear la Policía Rural, a la que podrán incorporarse los miembros de los grupos comunitarios armados.
En México se han formado grupos de autodefensa en diversas regiones, particularmente en zonas rurales de los estados de Guerrero y Michoacán, ante la aparente incapacidad del Estado para brindar seguridad y la percibida complicidad de las autoridades con los delincuentes que asuelan las comunidades.
