Santo Domingo.- El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Fidel Lorenzo Merán, expresó que las recientes reformas hechas al Código Procesal Penal son contrarias a principios básicos de la Constitución, tales como la autonomía funcional del Ministerio Público.
En este sentido, según informó el Codue, el reverendo manifestó su preocupación por esas reformas y apuntó que tienen que ser observadas por el Poder Ejecutivo.
Merán recomendó un mejor análisis y ponderación al artículo 85 reformado del código, porque si bien es cierto que los ciudadanos podrían tener derecho a querellarse contra funcionarios públicos, también debe protegerse la integridad de la función pública.
«Debe buscarse una solución jurídica híbrida. Además del derecho de querellarse contra funcionarios, se deben establecer sanciones de multa, indemnización e incluso prisión para las querellas temerarias», expresó.
Asimismo, indicó que son muchas las incongruencias de dicho proyecto respecto a la Constitución, principalmente uno de los párrafos del artículo 85 del código reformado, que establece que «aunque el querellante podrá sustentar la acción penal de manera autónoma en todo caso que el Ministerio Público retire la acusación pública».
El reverendo indicó que este artículo viola los artículos 169 y 170 de la Constitución de la República Dominicana, que dice que el Ministerio Público dirige la acción penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.
Según señaló, otro tema muy delicado es el de la inviolabilidad de domicilio que es un derecho fundamental garantizado por la Constitución.
La nueva reforma permite a las autoridades revisar sin previa orden judicial moradas que, «en ocasión vivienda ajena, de la ejecución de un registro autorizado, otras moradas o lugares relacionados deban ser registrados para asegurar la eficacia de las diligencias», esto permitiría abusos y complicaciones en un proceso de investigación, sostuvo Fidel Lorenzo.
Expuso que la inviolabilidad de domicilio debe garantizarse a toda costa, y el derecho de las autoridades a penetrar una morada debe hacerse en un marco de respeto al honor y la integridad de la familia.
