Santo Domingo. La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, clamo hoy a propósito de celebrarse el día del Poder Judicial que el Poder Ejecutivo cumpla con la disposición de la Ley 194-04 que estable la asignación del 4% del presupuesto general de la nación para la judicatura y el ministerio publico, obligación esta que nunca se ha cumplido, deteniendo el avance institucional de ese importante poder del estado, ya que se requiere de recursos para poder cumplir con los ejes fundamentales de un sistema de justicia efectivo que permita la accesibilidad, gratuidad y prontitud.

A juicio de Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, Coordinador General de la entidad que lucha contra la corrupción, no se puede borrar la percepción que tiene la población del Poder Judicial, sin antes enfrentar las carencias del mismo, bajos salarios, centros de operaciones en condiciones infrahumanas, en donde jueces carecen de espacios físicos para realizar sus reuniones deliberativas y ni hablar el funcionamiento a diez años de entrada en vigor el código procesal penal del juzgado de la instrucción permanente de la provincia Santo Domingo en un furgón, constituyendo esto pena y vergüenza para un Estado de derecho.

ADOCCO, abogo por una independencia real del ministerio público, independencia que solo existe en el papel, puesto que se mantuvo la discrecionalidad de que el presidente de la república designe al procurador general, quien a su vez preside el Consejo del Ministerio Publico y por la composición del mismo, son a su vez sus subordinados jerárquicamente y puede lograr los traslados de los procuradores fiscales, por lo que no hay forma de enfrentar la corrupción administrativa cometida por funcionarios pertenecientes al partido que gobierna y del cual provienen tanto el procurador y demás miembros.

La entidad de la sociedad civil destaco que para la buena administración de justicia debe enviarse señales claras y precisas de que existe voluntad política para ello, tanto del ejecutivo, como del judicial, del ejecutivo cumpliendo con el mandato de la ley que establece el porcentaje que le corresponde a la justicia y de la judicatura, manejando esos recurso con la debida eficacia y transparencia, permitiendo que todos los agentes del sistema puedan hacer su trabajo dignamente y orgulloso del sector al que representan y que la población pueda contactar esas voluntades, de lo contrario estaremos acudiendo todos los años al mismo concierto de lamentos y ruegos.

 

De la Rosa Tiburcio, criticó que a la llegada de Danilo Medina a la administración de la cosa pública, haya dispuesto la eliminación dl Comisionado para la Modernización y Apoyo a la Justicia, que después de la proclamada constitución del 2010, se requiere de la readecuación y creación de unas series de leyes y esa era la institución llamada a promover y trabajar en ese orden, sin embargo por recomendación de algún científico fue dejado sin efecto el decreto que creó el comisionado como se le denominaba.

 

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