Puerto Príncipe.- La nueva ley electoral de Haití despeja el camino para la celebración de los pospuestos comicios parciales legislativos y municipales en el país caribeño, que cierra el año en medio de temores de crisis por el malestar social y las continuas manifestaciones contra el Gobierno de Michel Martelly.
El jefe de Estado envió el miércoles la ley para su publicación en la gaceta oficial Le Moniteur, lo que muchos interpretan como un avance hacia la celebración de los comicios, reclamados durante meses por la oposición local, la ONU, la Unión Europea y países americanos, encabezados por Estados Unidos.
La iniciativa fue aprobada en noviembre por los diputados, que siguieron de esta manera los pasos de la Cámara alta, que hace dos meses dio su visto bueno a la ley.
La propia representante de la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (Minustah), Sandra Honoré, advirtió ya en agosto que los progresos logrados por el país en los últimos años pueden echarse a perder si no sale del atasco político que impide celebrar los comicios antes de enero de 2014.
Dos meses después, a finales de octubre pasado, Martelly fue llamado por su homólogo uruguayo, José Mujica, para dar señales claras de su compromiso con la democracia y en especial con la organización de las elecciones parciales parlamentarias y municipales en un plazo de 90 días.
Uno de los motivos en el retraso de los comicios, que debieron celebrase en 2012, era la indefinición que había en torno a la conformación del tribunal electoral que, sin embargo, completó su matrícula ese mismo año.
No obstante, las continuas diferencias entre el Gobierno y los congresistas sobre la ley llevaron al país caribeño a un punto muerto, que se superará ahora con la promulgación de la normativa.
El propio Martelly había reiterado en varias ocasiones su decisión de que se convoquen para este mismo año las elecciones, sin embargo, ninguna de las partes responsables de la organización se ha puesto de acuerdo mientras oficialistas y opositores se acusan del retraso que, según algunos analistas, podría haber terminado con la promulgación de la ley electoral.
De acuerdo con un calendario provisional elaborado por el organismo electoral, las elecciones se podrían realizar el 26 de enero de 2014.
Los comicios definirán 10 escaños vacantes en el Senado y decenas de alcaldías en varios puntos del país, el más pobre de América.
Martelly subrayó esta semana a través de un comunicado que la ley electoral permitirá un avance en el proceso político local, que permita comicios «honestos, creíbles, transparentes y democráticos, en los que el pueblo haitiano pueda elegir a sus representantes».
El mandatario también prometió que el Gobierno acompañará al Tribunal Electoral en la puesta en marcha de los mecanismos que garanticen la organización de las elecciones.
Al mismo tiempo, Martelly, cuya administración ha sufrido este año duras críticas por el alto costo de la vida en la nación más pobre del hemisferio occidental, llamó al diálogo «a todos los involucrados en este importante proceso de fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho».
Algunos dirigentes políticos, como el diputado Fritz Chéry, portavoz del bloque de Parlamentarios para la Estabilidad y el Progreso (PSP), cercano al Gobierno, aseguran que solo la celebración de comicios pondrán fin a la crisis que vive la nación.
Sin embargo, otros como Sauveur Pierre Etienne, líder de la organización del partido político Lucha Popular (OPL), consideran que la solución está en el diálogo.
Y es que el sombrío panorama político local ha desatado, junto a la difícil situación económica, protestas violentas en los últimos meses en la nación, que trata de reponerse de los estragos causados por el sismo de 2010 que dejó unos 300.000 muertos y 1,5 millones de damnificados.
La Minustah, presente en el país desde 2004 a raíz del movimiento armado que derrocó ese año al expresidente Jean Bertrand Aristide, expresó el mes pasado su preocupación por el resurgimiento de la violencia en algunos puntos de Haití.
Por su parte, Uruguay advirtió de que de continuar el «grave deterioro» de la democracia en Haití, el Gobierno de Mujica analizaría el retiro de las fuerzas de paz que colaboran con la Minustah.
