Santo Domingo.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció hoy que las violaciones al derecho a la nacionalidad en la República Dominicana se han «agravado» tras un fallo del Tribunal Constitucional local que niega a los hijos de extranjeros ilegales la nacionalidad y que califica de «discriminatorio».
La CIDH concluyó hoy con una conferencia de prensa, una visita de cinco días a la República Dominicana a lo largo de los cuales se ha entrevistado con el Gobierno, autoridades estatales y responsables de organismos, así como con representantes de la sociedad civil.
En la misma, el presidente de la comisión, José de Jesús Orozco, denunció que un «número indeterminado pero muy significativo» de dominicanos han sido privados «arbitrariamente» de su nacionalidad, tras el fallo, emitido el pasado mes de septiembre, por el Tribunal Constitucional.
La Comisión observó que la sentencia afecta «desproporcionadamente» a personas sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y pobreza.
El organismo criticó que el fallo tiene un «efecto discriminatorio» y reiteró que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana que son afrodescendientes, priva de la nacionalidad retroactivamente y genera apátridas.
Tanto afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional como el CIDH buscan que el Gobierno garantice la nacionalidad a las personas nacidas en el país que la habían adquirido entre 1929 y 2010, año en que se aprobó y entró en vigor la Constitución.
El presidente de la comisión advirtió que las violaciones al derecho a la nacionalidad que la Comisión había observado en su última visita en 1997, «continúan», e incluso fue más allá, y agregó que la situación «se ha agravado» debido al fallo judicial emitido en septiembre.
Durante la visita 3.994 personas prestaron testimonios, denuncias y comunicaciones y el presidente de la Comisión Interamericana manifestó que recibieron «información preocupante» sobre graves vulneraciones al derecho a la nacionalidad, la identidad, la igualdad ante la ley, y a la no discriminación.
Como resultado de la visita de la CIDH y como siguiente paso, ésta rendirá un informe donde formulará recomendaciones en su función de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en República Dominicana.
La Comisión también advirtió que el proceso especial de naturalización para los descendientes de extranjeros ilegales incluido en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros difundido el pasado 26 de noviembre, «podría no ser plenamente acorde» con el derecho internacional relacionado con los Derechos Humanos.
«No se puede exigir que esto ocurra a personas que previamente ya eran consideradas dominicanas de acuerdo con el régimen jurídico de la propia República Dominicana», expuso el presidente de la CIDH.
En declaraciones tras la conferencia de prensa de la CIDJ, la portavoz del Movimiento Reconoci.do, Ana María Belique, dominicana de ascendencia haitiana y afectada directamente por la sentencia, manifestó su negativa a la naturalización, así como a un plan de regulación, «somos dominicanos de pleno derecho».
Por ello, invitó a todos los dominicanos de ascendencia haitiana a que no acepten otra cosa que no sea «la restitución plena de cada uno de nuestros derechos fundamentales, civiles, políticos y económicos».
Pidió que se busque una solución humana y jurídica que no viole los derechos internacionales y los derechos humanos y denunció que «todos los dominicanos de algún tipo de ascendencia, especialmente de ascendencia haitiana, tenemos riesgo de ser apatridas».
«Lo que dice la Comisión es una realidad y esto le da más peso a lo que venimos denunciando desde hace años: la violación sistemática de derechos humanos, la desnacionalización institucionalizada que aplica la República Dominicana y la discriminación racial hacia dominicanos de ascendencia haitiana», declaró.
La portavoz afirmó que luchan para que sean restituidos unos derechos ya constituidos que han sido violados y porque «la ley no se aplique de forma retroactiva, una de las cosas que hemos replicado durante años sobre estas decisiones arbitrarias de la Junta Central Electoral y ahora del Tribunal Constitucional», opinó.
Por otro lado el presidente de la Comisión Interamericana indicó que las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por el fallo judicial deben ser «generales y automáticas» y no «discrecionales o implementadas de forma discriminatoria».
También indicó que dichos mecanismos deben ser «accesibles» en términos económicos.
