MADRID-ESPAÑA.-El fraude fiscal de las empresas de la familia de Rodrigo de Rato y Figaredo, conocido como Rodrigo Rato, el político del Partido Popular . Fue vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía entre 1996 y 2004, durante el gobierno de José María Aznar. Rato defraudó 5,3 millones de euros gracias un entramado societario basado en facturas internas irregulares entre empresas para evitar tributar por IVA, Impuesto de Sociedades. Rato y su familia cuentan con una red de más de 40 empresas.
En información que maneja la Agencia Tributaria, el ex ministro de Economía de José María Aznar forma parte de un grupo societario compuesto por más de 40 empresas, de las cuales más de la mitad están vinculadas a su entorno familiar de 27 sociedades están relacionadas con miembros de su familia o con él mismo. Esto es, su ex mujer Ángela Alarco, sus hijos, sus hermanos Ángela y Ramón, éste falleció en 2012 y sobrinos.
El resto de las empresas que están siendo investigadas por Hacienda están dirigidas por Miguel Ángel Montero Quevedo, el abogado Domingo Plazas Ruiz y Teresa Arellano Carpintero, la persona que administra la mayor parte de las empresas vinculadas a Rodrigo Rato, por su representante fiscal y por su secretaria personal, respectivamente.
Este domingo el juzgado de instrucción ordenó el jueves el bloqueo de 78 cuentas en 13 bancos. Las cuentas a nombre de Rato pueden corresponder a «depósitos, valores, títulos acciones, deuda pública, seguros, primas o depósitos de cualquier naturaleza, contenido de las cajas de seguridad otros activos, así como sobre otras cuentas sobre las que tengan poderes, como titulares o autorizados, con prohibición expresa de disposición sobre las mismas».
Rato admitió ser titular de todas las sociedades que aparecen en el documento. Algunas de ellas, dijo, están poco activas, mientras que otras son de gran relevancia, como la gestora de patrimonios ‘Donald Inversiones’. Donald está constituida como sicav, que son sociedades con ventajas fiscales, habitualmente utilizadas para los grandes patrimonios familiares.
La Fiscalía pidió que «se informe en el plazo máximo de un mes, de los movimientos realizados en dichas cuentas, y sobre cualquier otra que hubieran tenido las personas afectadas, aunque ahora estén canceladas, desde el 1 de enero de 2009 hasla hoy.
